El PP y la enseñanza: razón e ideología

ES una lástima que la opinión pública no haya retenido más que algunos aspectos anecdóticos del documento sobre reforma de la enseñanza que el PP ha presentado esta semana (reducir un año la ESO y ampliar el bachillerato, eliminar educación para la ciudadanía en primaria). Es una lástima, pues contiene elementos de gran interés y otros de calibre político. Parte el documento de un diagnóstico muy severo sobre nuestra educación: fracaso escolar; abandono prematuro; deterioro de los valores; graves deficiencias en materias básicas; alejamiento de los niveles europeos; degeneración del clima en las aulas… "La situación educativa es muy deficiente. Constituye una de nuestras grandes debilidades nacionales y es una hipoteca para nuestro futuro colectivo".

Como respuesta terapéutica al grave diagnóstico, propone el PP pactar una reforma del sistema de enseñanza inspirado en tres objetivos: calidad, igualdad y libertad. Se trataría de centrar todas las energías educativas en la reducción del abandono educativo; en la mejora de resultados en lengua española, matemáticas e inglés; y en alcanzar un 85% de graduaciones en secundaria. Esta última posibilidad sería posible, sostiene el PP, con el retorno a la doble vía, el bachillerato y una formación profesional de acento tecnológico que encajara con los requerimientos del mercado laboral. Para conseguir este salto de calidad, el PP propone, entre otras medidas, retomar los valores clásicos (exigencia, responsabilidad, mérito); conceder autonomía a los centros públicos reforzando la autoridad del profesorado y la dirección; y promover una cultura de rendición de cuentas. Y en este sentido, se retomarían las reválidas después de primaria y secundaria, que, dirigidas por el Estado, tendrían el objetivo de comprobar el nivel de los conocimientos adquiridos, así como la comparación de los resultados para evaluar el grado de homogeneidad del sistema.

En el diagnóstico de los males de la enseñanza, el documento no cita como causa la descentralización autonómica del sistema educativo español; y, sin embargo, propugna reiteradamente la necesidad de homogeneizarlo y cohesionarlo. Pretende conseguir el PP que todos los escolares tengan una "formación básica común", defiende a los "cuerpos nacionales" de profesores, reivindica la lengua española (insistiendo en la reivindicación de los padres para elegir la lengua vehicular), critica las "distintas velocidades" educativas y pretende que la enseñanza sea instrumento de transmisión de la "herencia cultural común". Es una lástima que un documento tan trabajado e interesante, que tiene tantas propuestas positivas, encubra unas tesis políticas que, para llevarse a cabo, exigirían la reforma de la Constitución. La competencia en educación es exclusiva de las autonomías. Y el pacto educativo, en los muchos sentidos positivos que el documento del PP sostiene, deberá buscar el consenso territorial. El consenso no se suscita propugnando retos uniformadores que demonizan implícitamente el Estado autonómico.