Las constructoras urgen al Gobierno la solución del conflicto fiscal con Panamá

Las constructoras inmersas en el concurso para la ampliación del Canal de Panamá presionan a todos los niveles para que el Gobierno español retire la consideración de paraíso fiscal al país centroamericano. Tras la visita del presidente panameño, Ricardo Martinelli, Rodríguez Zapatero se ha comprometido a tratar el asunto en el marco de los acuerdos sobre transparencia bancaria adoptados en la última reunión del G-20.

Javier F. Magariño - Barcelona

ACS, FCC, Acciona y Sacyr, las tres primeras en un mismo consorcio y la cuarta formando equipo con la italiana Impregilo, afrontan con máxima tensión la recta final de la licitación de las obras de ampliación del Canal de Panamá, la mayor obra civil del mundo en juego en estos momentos. A finales de mes serán abiertas las ofertas -el tercer consorcio está encabezado por la estadounidense Bechtel- que optan a un contrato de 5.220 millones de dólares, y todas estas compañías esperan un gesto del Gobierno español que las libere del lastre que arrastran en el proceso. España mantiene a Panamá en la lista de paraísos fiscales, por lo que a las firmas que trabajan allí se les aplica la doble tributación con la consiguiente pérdida de competitividad.

Este punto centró la semana pasada la estancia privada en Madrid de Ricardo Martinelli, nuevo presidente panameño, en distintas reuniones al máximo nivel. Una de ellas la mantuvo en un céntrico hotel con el presidente de la patronal Seopan, David Taguas, quien se ha convertido en interlocutor de las constructoras con Panamá. Fuentes cercanas a ese encuentro comentan que el ex asesor económico de Zapatero expresó a Martinelli que la obra deja de ser rentable para los grupos españoles si, al resultar adjudicatarios, se les obliga a pagar impuestos en Panamá y en España. Inmersas en dos de las tres ofertas, este escollo arroja incertidumbre sobre un concurso, que resulta clave para Panamá y su Gobierno.

Tras la charla con Taguas, Martinelli se entrevistó en Moncloa con Rodríguez Zapatero. Una cita que da motivos de optimismo al Ejecutivo centroamericano: "Zapatero se comprometió a colaborar para encontrar una solución satisfactoria dentro del contexto de los acuerdos adoptados en el marco de la reunión de Londres del G-20", aseguran.

Los países más poderosos aprobaron en abril un endurecimiento de la normativa contra el secretismo bancario en distintos rincones del planeta. Los responsables económicos de los países que integran el G-20 volverán a encontrarse en noviembre para medir el alcance de las políticas puestas en marcha. Se da la circunstancia de que Martinelli se plantea una nueva visita a España, esta vez oficial, en torno a ese mes.

La baza que juegan los panameños y las constructoras, ambas partes interesadas en que el concurso llegue a buen puerto, es que España y Panamá ya firmaron un principio de entendimiento en julio de hace dos años. Un pacto que fue apadrinado por Taguas, cuando dirigía la oficina económica de Moncloa, y que firmaron el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos y Rodríguez Zapatero.

Ley de Retorsión

Mientras Taguas hace su trabajo al frente del lobby de constructoras, los máximos mandatarios de gigantes como Acciona, FCC y Sacyr hacen el suyo. Desde el entorno de estas firmas se reconoce que los ejecutivos tienen contacto permanente con representantes del Gobierno panameño en España con el fin de seguir al minuto los detalles del que se ha convertido en el mayor contrato de obra civil en juego. Una de las preocupaciones que ha pesado durante meses es la posible aplicación por parte de Panamá de la Ley de Retorsión, norma que permite a las autoridades excluir de las licitaciones a las firmas de países que acaten la consideración de paraíso fiscal que defiende la OCDE.

Tres puntos a negociar bilateralmente

El documento que consensuaron en 2007 los ministros de Asuntos Exteriores de España y Panamá, con las obras de ampliación del Canal ya en juego, buscaba "incrementar y fomentar los flujos comerciales y las inversiones bilaterales, así como intensificar las relaciones económicas ya existentes".

Ahora la parte panameña, y también las empresas, han metido presión al proceso para que se retomen las negociaciones. Las inversiones españolas ocupan el cuarto lugar en el conjunto de las que recibe Panamá del exterior, y el concurso que promueve la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) merece, según exponen fuentes de ambos gobiernos, un convenio para evitar la doble imposición.

El marco actual de las conversaciones contiene tres puntos fundamentales para que Panamá deje de ser tenido en cuenta como un paraíso fiscal: las compañías españolas no pagarán impuestos en Panamá sobre los intereses, dividendos y cánones que puedan retornar a España (actualmente lo hacen al no existir el acuerdo de doble imposición); se incentiva el intercambio de información entre los dos países; y se deja margen para negociar que distintas rentas queden fuera del convenio. Este último punto trata de evitar bloqueos en el acuerdo.

Puntuación

La valoración de las ofertas contempla que el peso de la parte técnica sea del 55% y un 45% la económica. Elegida la mejor puja, que se prevé realizar en julio, la Autoridad del Canal de Panamá negociará a la baja si supera 5.220 millones de dólares.