La fiscalía lleva a 650 empresarios a juicio por accidentes laborales

El 40% de las muertes en el trabajo aún escapa al control de los tribunales

LUCÍA ABELLÁN - Madrid

La clandestinidad que ha envuelto durante años los accidentes laborales tiende a remitir. Los fiscales presentaron el año pasado 650 escritos de acusación por delitos relacionados con la siniestralidad, casi el doble (un 86% más) que en 2006. El escrito de acusación es el paso decisivo para determinar la responsabilidad de un accidente en los tribunales y supone la apertura de juicio. El mayor celo de los fiscales y la colaboración con la Inspección de Trabajo han facilitado el cerco a la siniestralidad laboral, una lacra que cada año cuesta la vida a casi 1.000 trabajadores.

La mayor parte de esos escritos de acusación corresponde a procesos antiguos. "Algunos datan de 1999. La actuación de los fiscales ha logrado que afloren esos casos", explica Juan Manuel de Oña, responsable de la fiscalía especial que desde abril de 2006 se ocupa de perseguir los accidentes en el puesto de trabajo. Los datos, que este año se han demorado más de la cuenta por la huelga de funcionarios de justicia que paralizó durante semanas los juzgados, reflejan esa mayor actividad, aunque aún queda mucho por hacer.

La cifra más elocuente de la tarea pendiente procede de 2007. De las 844 muertes en el tajo que se produjeron en ese ejercicio, la fiscalía llegó a controlar 503. Es decir, un 40% de los fallecimientos aún escapa a los ojos de la justicia, aunque el porcentaje ha mejorado en los dos últimos años.

De Oña explica que los que pasan inadvertidos son fundamentalmente accidentes de tráfico (por ejemplo, la muerte de un transportista), más difíciles de perseguir en los tribunales y de determinar la culpa, aunque tengan consideración de accidente de trabajo porque se han producido en jornada laboral. "En construcción y en industria están prácticamente controlados", subraya el fiscal.

En 2007, esa mayor persecución coincidió con los accidentes de trabajo en el mínimo nivel de la democracia. De Oña aventura que el endurecimiento de la acción penal ha incidido en la mejora de esas cifras. Pero de momento, los logros de 2007 no parecen tener continuidad. Las muertes por accidente han crecido un 5,8% en los cuatro primeros meses del año, pese a que el menor empuje del empleo, especialmente en la construcción, debería contribuir a relajar esas cifras.

Otro elemento de mejora en el ámbito judicial ha sido el número de sentencias penales promulgadas. En 2007 hubo 337 en los juzgados de primera instancia, un 35% más que el año anterior. La Fiscalía no tiene datos sobre cuántas de ellas son condenatorias, pero las sentencias a empresarios o a responsables de prevención de riesgos han aumentado en los últimos años.

También ha crecido el número de quienes no se conforman con el primer dictamen que reciben. Los recursos, generalmente ante la Audiencia Nacional, han aumentado casi un 83%, aunque en este caso el porcentaje es menos representativo, pues se trata de cantidades pequeñas (86 el año pasado).

El mayor número de operaciones que registran los juzgados corresponde a las diligencias previas, primer paso para saber si un accidente (o una actividad de riesgo) es constitutivo de delito. Los fiscales abrieron el año pasado 917, un 18,6% más. La mayoría de ellas proceden de avisos de la Inspección de Trabajo, que colabora estrechamente con la Fiscalía. "Algunas se archivan sin más", señala Juan Manuel de Oña.

El reto consiste ahora en revertir la tendencia ascendente de este año para lograr una nueva reducción de los accidentes. El Ejecutivo deberá desarrollar los pactos que alcanzó en 2007 con patronal y sindicatos. Las principales carencias se dan en las empresas más pequeñas, donde la prevención es aún deficiente.