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LA CRÓNICA
Los nacionalistas pasan a la ofensiva y
amenazan con tumbar los presupuestos
Zapatero se enfrenta a la peor de las crisis políticas
en pleno frenazo económico
Jordi Barbeta - Barcelona
En plena crisis económica, el presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, se enfrenta a la peor de las crisis
de hoy, ni un solo grupo parlamentario está dispuesto a apoyar
el proyecto de presupuestos para el año próximo, pero lo que
es más grave: los partidos nacionalistas que han venido complementando
la mayoría de gobierno - sobre todo, PNV, BNG y CiU- han decidido
coordinar sus estrategias de oposición en el Congreso para
tumbar el proyecto gubernamental presupuestario si los socialistas
no atienden sus demandas.
La devolución por parte de la Cámara del proyecto de presupuestos
del Gobierno provocaría una crisis política que sólo tiene
como precedente similar, la prórroga presupuestaria de 1995,
que estuvo acompañada de una convocatoria de unas elecciones
anticipadas y que culminó con la derrota de Felipe González
frente a José María Aznar en 1996. En la Moncloa y en Ferraz
existe la convicción de que el verdadero órdago nacionalista
no va a ser la consulta soberanista de Ibarretxe, sino los
presupuestos.
Es la incertidumbre política más inoportuna que pueda presentarse
en una situación de crisis económica y viene determinada por
la pugna política entre el PSOE y los partidos nacionalistas
que, siendo como eran hasta ahora aliados, de repente, se
han convertido en adversarios declarados.
Los socialistas han pasado de intercambiarse favores con los
nacionalistas a desalojar a CiU del poder en Catalunya, y
a disputárselo abiertamente al PNV en Euskadi, tras el rechazo
de la consulta propuesta por el lehendakari Ibarretxe. En
Galicia, el BNG observa alarmado cómo la coalición de gobierno
con el PSdG está provocando un trasvase de votos nacionalistas
hacia los socialistas sólo comparable a la sangría que sufre
Esquerra Republicana con el tripartito catalán.
A finales de mayo, delegaciones de CiU y PNV, encabezadas
al máximo nivel por Artur Mas e Íñigo Urkullu, se reunieron
en Sabinetxea, la sede nacional del PNV, para coordinar estrategias.
El PNV considera que el PSE está "copiando" la estrategia
del PSC en Catalunya para desalojarle, por lo que difícilmente
van a pactar nada con los socialistas antes de las elecciones
vascas que ya se prevén para febrero.
Previamente, en una reunión de Galeuscat, con participación
del BNG, fueron los nacionalistas gallegos los más dispuestos
a "aprovechar que tenemos la sartén por el mango" en referencia
a la llave de la mayoría en el Congreso de los Diputados.
En cualquier caso, partiendo de la base de que la aprobación
de los presupuestos es cuestión de vida o muerte para cualquier
gobierno y que el presidente Zapatero ha acumulado considerables
deudas con CiU, PNV y BNG, los tres partidos nacionalistas
consideran que "donde las dan las toman" y que ha llegado
el momento de que "sea Zapatero quien pase por el aro".
En ambas reuniones la posición de CiU ha sido la misma: "Sólo
un acuerdo de financiación autonómica que incorpore el salto
cualitativo previsto en el Estatut nos situaría en un escenario
de negociación presupuestaria". Hasta ahora, los cálculos
de CiU cifran en más de 5.000 millones de euros el salto que
incorpora el Estatut. La reforma del sistema de financiación
autonómica se ha convertido en la principal pesadilla del
Gobierno, hasta el punto de convertirse en tabú para no excitar
el frente meridional. Casi está prohibido hablar del tema
antes del congreso del PSOE y por esa razón y no por cuestiones
técnicas aplazó la publicación de las balanzas fiscales hasta
la semana siguiente del cónclave socialista. El motivo es
el veto andaluz a la bilateralidad con Catalunya prevista
en el Estatut.
Los socialistas andaluces, coaligados con prácticamente todos
los demás, menos los baleares, ya impusieron la multilateralidad
como norma en el programa del PSOE, y defenderán con ardor
guerrero sus tesis en el congreso de la semana que viene.
En cambio, la estrategia de la cúpula de Ferraz es evitar
el asunto para que Zapatero salga del Congreso por la puerta
grande, reforzado y con las manos libres para hacer luego
lo que más le convenga.
No en vano, antes del 9 de agosto el Gobierno tendrá que pronunciarse
respecto al cumplimiento del Estatut y no podrá permitirse
el lujo de desairar no sólo a CiU, sino tampoco al PSC que
- no hay que olvidarlo- tiene 25 diputados. Nadie prevé la
rebelión de los socialistas catalanes, pero todo el mundo
tiene muy presente que "un nuevo trágala de Zapatero" tendría
consecuencias. Y lo más complicado de todo es que, como ocurrió
con el Estatut, para asegurarse el apoyo de CiU a los presupuestos
del Estado, el protagonismo de un buen acuerdo de financiación,
en el caso de que se produjera, tendría que ser para
los nacionalistas, con 15 diputados menos. La preocupación
gubernamental por su situación de minoría sin aliados estables
es tal que la presión sobre CiU es tremenda, incluida la "tentación"
de incorporar ministros nacionalistas al Gobierno central.
No se ha planteado formalmente, pero sí se ha comentado en
reuniones informales presididas por una voluntad recíproca
de colaboración que choca con la existencia del tripartito
en Catalunya. "Somos un partido de oposición - dicen los nacionalistas
de CiU al PSOE- por una decisión socialista y no os quepa
ninguna duda de que vamos a ejercer como tal porque así lo
habéis querido".
Descartados, pues, los partidos nacionalistas moderados, al
Gobierno le faltan siete diputados para la mayoría absoluta.
De entrada, también le falla Coalición Canaria, que está gobernando
en el archipiélago ahora con el PP. Tampoco parece muy dispuesta
a participar en la geometría variable la diputada del grupo
mixto, Rosa Díez. Existe, como siempre, la tentación de comprar
por enésima vez los votos de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, que son dos, aunque esta vez saldrán algo más caros.
Los cinco restantes están en manos de los socios de gobierno
de los socialistas en Galicia y en Catalunya, el BNG y Esquerra
Republicana.
Los socialistas ven factible recuperar la relación con el
BNG si se presta a contribuir a ello el presidente de la Xunta,
Emilio Pérez Touriño. En tal caso, volverían a ser decisivos
los tres diputados de Esquerra Republicana. No sería un buen
escenario para el PSOE, pero, interpretando la ley de Murphy,
aún podría ser peor.
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