El Ejecutivo busca una salida a las tensiones crediticias
Dinero negro en el punto de mira

El Gobierno estudia propuestas que incluyen una posible regularización

Manel Pérez

Puede paralizarse la economía española por falta de recursos, de dinero y créditos? Según el vicepresidente del Gobierno, el Banco de España y los grandes bancos españoles, no. Según algunos economistas, un sector del propio Gobierno y las organizaciones empresariales, sí. Los primeros sostienen que basta acudir a las sucursales bancarias y pedir un crédito; si las garantías son las adecuadas, se obtendrá sin mayor problema. Eso sí, con condiciones financieras más duras por las tensiones que sufre el sistema internacional. Los segundos aseguran que la banca ha cerrado drásticamente el grifo del crédito y que es cada día más difícil mantener la actividad si se necesita financiación bancaria.

En el Gobierno hay división de opiniones. Pedro Solbes, el vicepresidente y ministro de Economía, defiende que ya se ha hecho lo necesario y que la línea de acción y sus límites los ha marcado el presidente José Luis Rodríguez Zapatero en la presentación el pasado lunes de su informe económico.

Es decir, adelantos de IVA a las empresas, reforma del impuesto de sociedades y una línea de financiación para pymes y viviendas de protección oficial a través del ICO, el banco público.

Otros, desde el ex responsable de la Oficina Económica del Presidente (OEP), David Taguas, ya habían propuesto la creación de una agencia privada o consorcio con supervisión pública para asegurar la colocación de las emisiones de deuda de bancos y cajas de ahorros. Algunas propuestas discutidas en petit comité en el seno del Ejecutivo llegan incluso a plantear vías de regularización del dinero negro para que esos recursos ocultos al fisco se transformen en depósitos a largo plazo en el sistema financiero y puedan financiar la actividad económica. Se trata de los famosos 111 millones de billetes de 500 euros (55.000 millones) que aún están fuera de control. Algunas fuentes atribuyen al ministro de Industria, Miguel Sebastián, la mayor preocupación por el tema en el seno del Ejecutivo.

El diputado de CiU Josep Sánchez Llibre ha presentado esta misma semana una interpelación parlamentaria a Solbes en la que ha propuesto al Gobierno "inyectar liquidez en el sistema financiero para reducir las tensiones existentes para la financiación de la actividad económica y que no es una restricción limitada al sector inmobiliario, sino que se extiende a la totalidad de las actividades productivas". Según el diputado, "uno de los problemas de la economía española es el cuello de botella que padece nuestro sistema financiero motivado por las dificultades que tiene nuestra economía para financiar la deuda financiera externa que vence este año". Solbes contestó que se lo pensaría. Sánchez Llibre asegura que su planteamiento obedece a las demandas que le llegan desde el mundo empresarial.

El fondo del problema reside en la necesidad de financiación exterior de la economía española. Durante los últimos años, el ahorro interno ha sido insuficiente para financiar las inversiones, por lo que se ha recurrido masivamente a la financiación externa, a los créditos del sistema financiero internacional. La deuda privada española por este concepto supera los 700.000 millones, a los que deben añadirse los intereses. De esa cifra, se estima que unos 200.000 millones vencen este año 2008, una tercera parte de los cuales correspondiente a la banca, el resto al sector empresarial. Si se hubiese mantenido la normalidad de los últimos años, una parte de esos vencimientos de deuda se habría renovado automáticamente, con lo que la banca seguiría disponiendo de recursos para financiar la concesión de créditos y las empresas mantendrían sus inversiones y la normalidad en sus balances. La crisis financiera internacional ha trastocado esas pautas y la desconfianza mutua entre entidades y países obliga a pensar que la mayoría deberán ser atendidos, es decir pagados, y no renovados.

Para hacer frente a esa contingencia, bancos y cajas acumulan dinero fresco para devolver los créditos cuando llegue su vencimiento y por ello prestan menos dinero a unas empresas que ofrecen menos seguridades que antes debido al cambio del ciclo económico. Gran parte de la banca sólo tiene asegurada su financiación con plazos de vencimiento cortísimos, de días, y con costes muy altos. Este fenómeno explica la actual campaña de captación de pasivo, depósitos, de las entidades y los elevados rendimientos que ofrecen algunos depósitos.

Los empresarios piden emisiones de deuda pública

Fuentes cercanas al Gobierno señalan que "la situación actual es de restricción crediticia sin duda, pero el gran problema se producirá de aquí a pocos meses, cuando comiencen a apilarse los vencimientos. Para evitar que eso provoque un bloqueo hay que empezar a actuar ahora". Sólo un drástico y poco probable cambio de escenario internacional, y el retorno a la fluidez financiera del pasado, podría cambiar la perspectiva.

Algunos empresarios, especialmente grandes constructores, también han propuesto emisiones de deuda pública, cada punto sobre el PIB equivale a unos 10.000 millones de euros, aprovechando el bajo nivel, poco más del 30%, que registra el Estado español.

La respuesta de Solbes hasta ahora ha sido que los mercados penalizarían esa actitud poniendo en riesgo la calificación de la deuda española y elevando el diferencial que ya se registra respecto a la deuda de referencia, el bono alemán. Algunos economistas consultados estiman que para que esa propuesta fuera viable debería asumirse un incremento del peso de la deuda sobre el PIB de al menos 5 puntos.

La propuesta de Agencia o Consorcio presentada por Taguas al presidente del Gobierno poco antes de las pasadas elecciones y de su cese en el cargo implicaba asociar a algunas de las entidades líderes de la banca española (Santander, BBVA y La Caixa fundamentalmente) y el banco público ICO. Entre todas las entidades aportarían unos 1.500 o 2.000 millones de euros con los que podrían acudir a los mercados internacionales y emitir deuda de 50.000 o 60.000 millones. Con ella podrían adquirir titulizaciones de bancos y cajas españolas. Según sus promotores, las entidades líderes obtendrían beneficios y facilitarían crédito a todo el sistema manteniendo al mismo tiempo una alta calificación al tratarse de grandes entidades y estar supervisadas por el Banco de España.

Más controvertida políticamente es la propuesta de regularización fiscal para el dinero opaco que también se ha barajado en el Gobierno. Las características serían similares a la aprobada a finales de los 80 por el primer Gobierno socialista de Felipe González, cuando Miguel Boyer desempeñaba las funciones de Ministro de Economía. A cambio de colocar en depósitos bancarios a largo plazo, cuatro años, y con bajo rendimiento, el dinero no declarado al fisco quedaría legalizado al vencimiento. La gestión bancaria de esos depósitos implicaría una notable expansión del crédito. Obviamente, el principal obstáculo para esta propuesta es la reacción social, especialmente de quienes han cumplido con sus obligaciones fiscales.

De fondo, a la hora de buscar soluciones a la sequía de recursos de la economía española, subyace el choque de dos posiciones. Por un lado, quienes creen que buscar mecanismos de ayuda impide la necesaria reestructuración de la economía, la reducción de su deuda y la reconversión de los sectores que han protagonizado el pasado boom. Por otro, quienes temen que la evaporación de 200.000 millones de euros provoque una crisis económica y social irresistible y, para evitarlo, debe hacerse casi cualquier cosa.