La ley de la transparencia

SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ

El Defensor del Pueblo Europeo, un cargo con todavía menos competencias ejecutivas que su colega español, publica, año tras año, interesantes informes en los que analiza las quejas de los ciudadanos sobre el funcionamiento de las instituciones de la UE. Muchas de ellas (casi el 30%) tienen que ver con dos cosas: la falta de transparencia con la que funciona la Comisión Europea y la extensión, cada día mayor, de las llamadas "puertas giratorias": entro por un lado como funcionario de la UE especialista en un tema concreto y salgo por el otro como alto ejecutivo de una de las empresas de ese ramo o del lobby (generalmente patronales) del sector.

El pobre ombudsman (actualmente el griego Nikiforos Diamandouros) no puede hacer gran cosa, salvo subrayar la importancia de la transparencia, en todos los casos y muy especialmente en lo relacionado con las actividades de los lobbys o grupos de presión.

En eso radica, probablemente, la esencia del problema, no sólo en la Unión Europea, sino en todos los países democráticos en los que el acceso de los ciudadanos a todo tipo de documentos y papeles en manos de la Administración es injustificadamente restrictivo. En la UE se intentó hacer algo el pasado miércoles día 30, con una nueva normativa destinada, en teoría, a aumentar esa transparencia informativa. Dado que la UE es manifiestamente secretista, todo avance de la transparencia es bienvenido. Los expertos en el tema aseguran, sin embargo, que se ha perdido una gran oportunidad para imitar la legislación más abierta de los países nórdicos, y que la norma europea sigue siendo insuficiente e incluso regresiva en algunos aspectos. (Claro que el Parlamento Europeo no tendrá nada que decir al respecto: la semana pasada, según informó la web Eurobserver.com, los eurodiputados echaron abajo una propuesta para que se hicieran públicos los informes de sus propios auditores).

En el caso español, el problema no es que tengamos una legislación deficiente o exigua. Simplemente es que no existe. Imposible saber en España qué informes elaboró el director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, David Taguas, sobre la crisis del sector inmobiliario antes de fichar, precisamente, por la patronal de la construcción. Es una pena, porque la publicidad, rutinaria y continuada, de esos informes hubiera ayudado a despejar ahora cualquier tipo de duda sobre la calidad o intención de su asesoramiento. No es lo mismo que el presidente del Gobierno estuviera escuchando a un colaborador independiente, que a alguien que compartía ya tanto el punto de vista de las empresas del sector que, de un día para otro, consideró conveniente dar un empujón a la puerta y pasar al otro lado.

Exigir transparencia en las distintas administraciones (autonómicas y locales incluidas) no es una manía de periodistas y profesores obsesos, sino una garantía de los ciudadanos contra, entre otras cosas, el excesivo juego de las puertas que giran (un sistema simple y eficaz de recordar lo fácil que es romperse los dedos), y una defensa contra el secretismo innato de casi cualquier tipo de organización, incluida la Administración pública y los Gobiernos democráticos. No se explica cómo un Gobierno como el español, que se vanagloria de dirigir a la octava potencia económica del mundo y que ha sido capaz de impulsar importantes modernizaciones sociales, como la regulación del matrimonio entre personas del mismo sexo, siga bloqueando la ley de acceso a documentos e informes financiados con dinero público. ¿Por qué no se pueden conocer en España en un plazo razonable los informes de la Oficina Económica del Presidente y sí se pueden analizar los que elabora el Consejo de Asesores Económicos del presidente de Estados Unidos? ¿Por qué no podemos conocer cómo deliberan los miembros de la Comisión Ejecutiva del Banco de España y sí leer las deliberaciones, con nombres y apellidos, de los miembros de la Reserva Federal de Estados Unidos?

Las leyes conocidas como Freedom Information Acts, que obligan a las administraciones públicas a facilitar el libre acceso de los ciudadanos a toda la documentación que obra en su poder (salvo los datos relativos a la intimidad de las personas o a la seguridad nacional), han sido grandes impulsoras no sólo de la lucha contra la corrupción, las corruptelas y el abuso de poder, sino de Gobiernos eficaces y sociedades comprometidas. No es casualidad que los países en los que la ley obliga a las administraciones a trabajar con mayores niveles de transparencia sean precisamente los países con menores índices de corrupción y mayor satisfacción ciudadana.