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El grupo Prisa carga contra Taguas tras haber fichado a una decena de políticos en retirada

Madrid

La semana pasada coincidieron dos traspasos entre el mundo de la política y de la empresa privada. Eduardo Zaplana, el que fuera portavoz del Grupo Parlamentario Popular, cerró la puerta del Congreso para abrir la de Telefónica, donde será el delegado para Europa. En las filas socialistas también hubo una operación similar: David

Taguas, ex director de la Oficina Económica de Rodríguez Zapatero, se marcha a presidir el lobby de las grandes empresas constructoras.

Práctica habitual

La fuga de talentos de la política a la empresa privada no es un invento de hoy. Sorprende, no obstante, la reacción del Grupo Prisa al nombramiento de Taguas como presidente de la patronal de las grandes constructoras (Seopan). No en vano, el grupo fundado por Jesús de Polanco ha sido uno de los destinos favoritos de los políticos que querían dar el salto a la empresa privada.

Pero esa práctica no fue óbice para que su buque insignia, el diario El País, se lanzara en tromba contra Taguas por aceptar la oferta de Seopan. Y lo hizo sin dilación: un día después de su anuncio, el ex asesor de Rodríguez Zapatero se erigió en protagonista del durísimo editorial publicado por el rotativo de Prisa en su edición del 2 de mayo.

Bajo el elocuente título De público a privado, que bien podría haber ilustrado el salto de cualquiera de la decena de ex altos cargos públicos que acabaron desembarcando en el grupo creado por el hoy fallecido Jesús de Polanco, El País mantenía en su editorial que tiene "difícil defensa" que "un asesor de la Moncloa pase a presidir un lobby empresarial". El diario sostenía que el fichaje de Taguas admitía una doble interpretación: "O bien que este consorcio [Seopan] le estaba pagando los servicios prestados; o que le estaba comprando influencia futura sobre quienes deciden".

Episodios concretos

Aprovechaba el diario este episodio para recordar que "la democracia implica una confianza básica entre representantes y representados, pero para alimentarla es necesaria una legislación estricta contra la confusión entre los intereses públicos y privados. Y aplicarla sin excepciones".

Pero las "excepciones" han existido, aunque el referido editorial de El País presentaba el caso de Taguas sin citar precedentes como el de Jorge Semprún, que fichó por Sogecable apenas un año después de cesar como ministro de Cultura; o el de Rodolfo Martín Villa, actual presidente de Sogecable, que recaló en esa sociedad un año después de haber realizado la última encomienda política del PP: actuar como comisionado para el accidente del Prestige.

Desde la fundación de Prisa, al menos una decena de antiguos altos cargos de diferentes Gobiernos han pasado a formar parte del capital humano de alguna de las empresas del grupo. Por ejemplo Miguel Gil, ex secretario general de la Oficina del Portavoz del Gobierno de Felipe González.

El caso de Gil resulta paradigmático para ilustrar la doctrina seguida por Prisa, la misma que ahora reprocha a Seopan: el 7 de mayo de 1996 cesó en su cargo para incorporarse al grupo propiedad de Jesús de Polanco. Dos meses antes, cuando Gil aún desempeñaba su cargo público, el Consejo de Ministros había aprobado en su sesión del 1 de marzo un acuerdo que daba luz verde a la concentración de empresas entre Telefónica y Sogecable para la explotación de la televisión por cable. Esa decisión contravenía sin tapujos el criterio del Tribunal de Defensa de la Competencia. A diferencia de lo ocurrido ahora, El País no invocó entonces la necesidad de endurecer la Ley de Incompatibilidades.

La peripecia de Gil es similar a la de Enrique Balmaseda, que en 1996 aterrizó en el Gabinete de Presidencia de Prisa directamente procedente del Ministerio de Cultura.