¿Qué reformas? ¿En qué orden?

Juan Urrutia

Una vez aclaradas las sombras que sobre el análisis económico de la realidad proyectan siempre unas elecciones y después de que el nuevo gobierno haya anunciado un paquete heterogéneo de medidas económicas y haya revisado a la baja las proyecciones económicas de crecimiento y paro, se diría que ya no hay más remedio que estudiar las políticas y/o reformas que parezcan adecuadas para lidiar con la deteriorada situación económica.

Y así lo entienden incluso aquellos que hasta hace muy poco tiempo se preguntaban por qué habría que actuar desde el poder político en lugar de dejar que el mercado hiciera su labor profiláctica.

No se puede esperar que salgamos de esta situación sin una reconsideración seria de la Banca Central y de la regulación financiera. De hecho será muy interesante ver cómo los más acalorados defensores de la no- intervención insistirán en la reforma de esa regulación para que se refuerce su inflexibilidad en contra de la prédica a favor de la ausencia de intervenciones.

Y lo gracioso es justamente que esta vez hubieran tenido razón pues no habría estado mal dejar que los bancos "culpables" hubieran pagado los platos rotos o que los bancos se organizaran entre ellos sin recurrir al Banco Central que acaba constituyendo una coartada para las tropelías de aquéllos de forma injusta para los bancos que han actuado con inteligencia sin dejarse llevar por la avaricia o la poco crítica apreciación de las posibilidades de la innovación.

Pero la discusión ya está en otro lugar. Lo que ya preocupa en serio a los economistas reputados es la repercusión de la crisis financiera en la economía real. A pesar de pequeñas diferencias de diagnóstico nadie pone en duda de que se trata de una crisis de demanda agregada, pero que también tiene elementos de oferta, algunos genuinos, como la falta de productividad de algunas economías, y otros derivados, como el incremento del precio del petróleo y el enorme incremento del precio de algunas materias primas y especialmente de los alimentos.

Por lo tanto nos encontramos con que, desde el punto de vista de una economía como la nuestra, hemos de preocuparnos por las políticas que afecten a la demanda agregada, ya sean monetarias o fiscales, y por las reformas que puedan influir en la productividad.

Política monetaria

Como decía hace pocas fechas en estas mismas páginas Pedro Schwartz ("Mantener el tipo", sábado 19 del mes pasado) no deberíamos contar con la política monetaria. En efecto, bajar tipos por parte del BCE no parecería conveniente cuando los tipos reales son casi negativos, cuando el impacto de esa bajada no va a incrementar la actividad crediticia que está parada por falta de confianza de unos bancos en los otros y cuando se observa un incremento simultáneo de la inflación y del desempleo.

Queda la política fiscal de la que ya se ha empezado a hacer uso mediante rebajas fiscales que deberían incrementar la renta disponible y sostener la demanda agregada y parece hora de considerar las posibilidades tradicionales de cebar la bomba con gastos públicos bien elegidos, es decir que, como los gastos en I+D, incrementen la productividad del trabajo.

Como estas políticas ya están en el campo de juego del nuevo gobierno y de la opinión pública, quizá merezca la pena pensar en serio en la manera de llevar a cabo reformas pendientes como la del mercado de trabajo y la del mercado de bienes, ambas medidas de oferta, de forma que, dicho en terminología medianamente técnica, les permitiría impactar en la tasa natural de desempleo o, lo que es lo mismo, en el empleo y la renta sostenibles. Miremos pues a esos dos mercados.

Se ha discutido mucho en el pasado reciente sobre el mercado de trabajo que, como se sabe, admite variadas formas de ser caracterizado condicionando así el análisis y las recomendaciones. Una manera no muy utilizada de examinarlo es bajo la óptica de la búsqueda de empleo como una actividad que puede llevarse a cabo con mayor o menor intensidad y durante más o menos tiempo.

Me parece un análisis adecuado en la España de la inmigración. La tasa natural de desempleo a largo depende, bajo esta perspectiva, tanto del subsidio de desempleo como de la tasa de descuento temporal y ésta puede estar afectada o incluso ser equivalente, en principio y para los trabajadores autóctonos, al tipo de interés a largo plazo.

Pensemos primero en el subsidio de desempleo de una manera no muy covencional. Imaginemos a un trabajador al principio de su vida laboral sabiendo que ésta, en los próximos cuarenta años, va a consistir en un continuo pasar del empleo al desempleo y vuelta al empleo.

En esta situación podemos pensar que la aceptación de una vacante no es sino el ticket de entrada al club de los desempleados. Cuanto menor sea el subsidio, y contrariamente a la sabiduría convencional, menos incentivos tendrá el trabajador a pagar el ticket de entrada a ese club. Es decir, menos dispuesto estará a aceptar el empleo que se le ofrece. Un menor seguro de desempleo aumenta la tasa natural de desempleo.

Pensemos a continuación en el descuento temporal. Cuanto mayor sea la tasa de descuento temporal menos nos interesa el futuro y más, relativamente hablando, el presente con lo que la intensidad de búsqueda de empleo será mayor. Como a largo plazo deberíamos asociar la tasa de descuento temporal con el tipo de interés a largo, cuanto menor sea éste menor sería la tasa de descuento y la intensidad de la búsqueda de empleo con lo que mayor sería la tasa natural de desempleo.

En consecuencia y por lo que respecta al mercado de trabajo es posible que el empleo no se vea favorecido a fin de cuentas por una bajada de los tipos o por una disminución del subsidio de desempleo. Aumentemos éste y no insistamos en disminuciones de los tipos. Pero vayamos ahora con el mercado de bienes.

Aquí habría que distinguir entre unos y otros mercados pues no es lo mismo la energía, digamos, que la distribución, pero como últimamente, y debido al aumento de los precios de algunos alimentos, se habla mucho de ésta quizá me sea permitido concentrarme en ella. Aquí la idea de los que pretenden su reforma es liberalizarla a fin de reducir los precios y aumentar el empleo al evitar las trabas que casi todas las autonomías establecen para la libre apertura de centros comerciales o para la libertad de horarios.

Se arguye generalmente que este aumento en la competencia disminuiría los precios y aumentaría los salarios reales por lo que no se entiende la oposición de los sindicatos que, por otro lado, no presentan gran oposición a modificaciones en el mercado de trabajo tendentes, directa o inderectamente, a la disminución del subsidio de desempleo tal como si hubieran leído las consideraciones anteriores.

Paradoja

La explicación de esa especie de paradoja pudiera ser el siguiente razonamiento típico de lo que ha dado en llamarse economía política, un planteamiento que Mª Paz Espinosa y yo mismo ya utilizamos en estas páginas ("La economía política de la liberalización"). Conversaciones posteriores nunca publicadas me llevan por los siguientes derroteros.

En una economía en la que la regulación laboral avanza más o menos rápidamente hacia la liberalización dependiendo del poder relativo que de los grupos de trabajadores, llevar a cabo una desregulación de los mercados de productos hace disminuir las rentas totales a apropiar, de manera que los sindicatos encuentran menos incentivos para la lucha, los trabajadores menos incentivos para sindicarse y, al disminuir la oposición a la liberalización del mercado de trabajo, ésta ocurre a mayor velocidad.

Esta secuencia de acontecimientos se puede resumir en la idea de que la liberalización de los mercados de productos conduce de manera natural a medidas del mismo sentido en el mercado de trabajo. Sería pues por este motivo que los sindicatos se oponen a medidas que aparentemente deberían apoyar puesto que provocan disminuciones de precios de las que se benefician como consumidores.

Sea o no ésta una explicación correcta de una aparente paradoja, lo interesante es que la necesidad de reformas que el realismo impone y que van más allá de las políticas macroeconómicas, no debe cegarnos al problema de su eficacia que no siempre es obvia y debe obligarnos a preguntarnos por el orden de la secuencia de reformas que sea más útil para la factibilidad del conjunto.