Contra la tentación de las ayudas públicas

El vicepresidente Solbes, en su primera intervención en el Congreso tras las elecciones, ha manifestado su rechazo a salvar al sector constructor/inmobiliario con ayudas públicas. Considera que el sector debe purgar los excesos de los últimos años para que la construcción residencial pueda volver a crecer con normalidad.

Esta acertada reflexión de Solbes debería servir para cortar de raíz la espiral que han logrado generar constructores y promotores para que sea el Estado quien les saque ahora las castañas del fuego.

Al socaire de la crisis, se ha alentando un inaceptable intervencionismo destinado a alterar los mecanismos de ajuste del mercado, sin considerar que los principales perjudicados en última instancia son siempre los propios contribuyentes por la ineficiente asignación de los recursos públicos.

Por ello, el Gobierno tampoco debería caer en la tentación ni de utilizar el ICO, ni de aceptar fórmulas tan poco ortodoxas como que los más de 50.000 millones del Fondo de Reserva de las pensiones se inviertan en títulos, bonos o cédulas hipotecarias de las entidades financieras españolas para resolver sus problemas liquidez.

Significaría tanto como que el Estado asumiera un riesgo que en estos momentos rehuye el mercado, con el agravante de que se trata de unos recursos de los ciudadanos destinados a garantizar la estabilidad de las pensiones, "y no para resolver los problemas de liquidez del sistema financiero ni para otras cosas", como bien recordó ayer el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado.

Las entidades españolas probablemente aspiren a iniciativas similares a la decidida por el Banco de Inglaterra, que permitirá a los bancos canjear temporalmente hipotecas, que en algunos casos son préstamos arriesgados, por bonos del tesoro, una inversión más segura, por un volumen de 62.500 millones de euros.

Ni la banca española padece los problemas de sus competidores internacionales -fundamentalmente por su solvencia y acertada gestión de los riesgos, todo hay que decirlo-, ni el Gobierno español debe contagiarse de las contraproducentes medidas para la credibilidad del libre mercado que han venido tomando las autoridades financieras ante la crisis, como el rescate de Northern Rock en Reino Unido o Bearn Sterns en EEUU.

En estos casos, afortunadamente excepcionales, los gobiernos han asumido unas funciones de control y saneamiento de bancos privados que ni la sociedad ni los principios básicos de una economía de mercado les demandan. Una tendencia muy preocupante que no hay que contribuir a alimentar.

Es cierto que las entidades españolas, la mayoría de ellas sin merecerlo, están sufriendo el cierre del grifo de liquidez en los mercados internacionales. Pero ése es un problema que no debe solucionarse con un proteccionismo casero, pues a la opinión pública le costaría entender un tratamiento asimétrico a los beneficios y a las pérdidas -ya sea del sector constructor, financiero o cualquier otro- esto es, que si el negocio va bien el beneficio es de la empresa, pero si las cosas se tuercen se hace al contribuyente partícipe de las pérdidas.