El Tribunal de la UE da un primer aval a la capacidad fiscal vasca

M. Á. Fuentes. Bilbao

La abogada general del alto tribunal asegura que Euskadi tiene la autonomía necesaria -económica, institucional y de procedimiento- para aplicar impuestos más bajos que el resto de España sin vulnerar la competencia.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado un espaldarazo -fuerte, aunque no definitivo- a la fiscalidad vasca, que lleva años inmersa en una batalla judicial abierta en un principio por el Gobierno central y continuada después por las autonomías vecinas de Euskadi.

La abogada general de la Corte de Luxemburgo, Juliene Kokott, hizo público ayer su informe sobre la cuestión prejudicial o consulta planteada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el que apoya las tesis de las instituciones vascas. Este informe no es vinculante, aunque normalmente los jueces siguen en sus sentencias los argumentos del abogado general. El fallo definitivo del Tribunal de la UE se conocerá previsiblemente después del verano.

Recursos

El TSJV-que acumula varios recursos de los gobiernos riojano y castellanoleonés, así como de la patronal y de UGT de La Rioja, contra las sucesivas normas del Impuesto sobre Sociedades de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa- preguntó a Luxemburgo si el País Vasco puede aplicar a sus empresas un tipo impositivo inferior y deducciones inexistentes en la normativa estatal, o si esta práctica supone una ayuda de Estado y es, por tanto, incompatible con la competencia europea.

Esta consulta se realizó en 2006, dos años después de que el Supremo anulara los pilares básicos del Impuesto sobre Sociedades vasco, y tras conocerse la sentencia del Tribunal de la UE sobre el caso Azores, que admite la posibilidad de que las regiones rebajen los impuestos siempre que dispongan de autonomía institucional, financiera y procedimental.

El caso Azores se ha convertido en un auténtico amuleto para las Diputaciones forales, que se juegan en Luxemburgo su capacidad tributaria, y que actualmente aplican una fiscalidad empresarial más suave, con un tipo general del 28%.

En su informe, la abogada general deja claro que la UE "respeta la identidad nacional de sus Estados miembros, sean centralizados o federales", y analiza concienzudamente si el País Vasco reúne los requisitos fijados en la sentencia de las Azores para concluir que sí lo hace.

En contra de las tesis de la propia Comisión Europea, Kokott asegura que Euskadi tiene autonomía económica, ya que el Estado no compensa la merma de recaudación derivada de una fiscalidad empresarial más suave, y pese a la existencia de flujos financieros entre ambas partes, "que pueden obedecer a múltiples causas". En su opinión, la fijación del cupo vasco al Estado obedece a un compromiso político, y no es consecuencia directa de la cuantía de los ingresos tributarios.

La abogada general reconoce también la autonomía institucional -que ninguna de las partes cuestiona-, y se extiende en la autonomía procedimental o "de configuración", que debe permitir lograr objetivos propios en política económica. A su juicio, las limitaciones que fija el Concierto en relación a la capacidad fiscal vasca -obligación de mantener una presión fiscal efectiva global equivalente con la del resto del Estado, respeto a la estructura impositiva, coordinación y colaboración con el Estado- no impiden por sí solos que Álava, Vizcaya y Guipúzcoa utilicen las normas tributarias para perseguir sus objetivos de política económica.

Según Kokott, debe ser el TSJPV el que compruebe si, al elaborar sus normas, los territorios históricos tienen suficiente margen de maniobra. "Así será si pueden fijar parámetros como el tipo y la base imponible, de manera de diverjan esencialmente del régimen tributario común", asegura.

Confianza en el 'blindaje' europeo del Concierto

No ha habido ninguna voz discordante. Partidos políticos, instituciones y asociaciones empresariales reaccionaron ayer al unísono tras conocer la postura de la abogada general de Luxemburgo sobre la capacidad fiscal vasca. Las Diputaciones forales y el Gobierno de Vitoria -que destacaron el apoyo del Gobierno de España, de Reino Unido y de Italia a sus tesis- subrayaron la "rotundidad" de las conclusiones, y confiaron en que la sentencia definitiva siga los argumentos de Kokott.

"El verdadero aval para el Concierto Económico vendrá del fallo definitivo, cuyo contenido será obligatorio para todos los poderes públicos y todos los tribunales", dijo la Diputación de Vizcaya. De ser así, el Tribunal blindaría el Concierto, se desestimarían todos los recursos, y se crearía un "clima de seguridad jurídica y de estabilidad normativa" necesarios para empresas y ciudadanos. La patronal Confebask y las Cámaras de Comercio destacaron el "sustancial espaldarazo" que Luxemburgo ha dado a la competencia tributaria foral.

El PSE y el PP coincidieron en mostrar su satisfacción. El líder de los socialistas vascos, Patxi López, reclamó un pacto político en materia fiscal para evitar la judicialización del Concierto. El vicepresidente económico, Pedro Solbes, subrayó "el espaldarazo importante" de Luxemburgo a la capacidad fiscal vasca y el "reconocimiento de la realidad histórica del País Vasco".