La crisis se come el superávit del Estado previsto para este año

Los ingresos de las arcas públicas caen por primera vez desde 1993

L. ABELLÁN - Madrid

El Gobierno se despide este año de uno de los logros económicos más exhibidos en la pasada legislatura. La Administración central cerrará el ejercicio sin el superávit que ha atesorado desde 2005. Los menores ingresos fiscales que se están produciendo este año debido a la desaceleración económica y a medidas excepcionales como la devolución de 400 euros a los contribuyentes de IRPF acabarán con el excedente de las arcas públicas. "Esperamos cerrar aproximadamente en equilibrio", avanzó ayer el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña.

El departamento que dirige Pedro Solbes reconoce así, por primera vez, que la despensa llena a la que aludió el ministro para defender su gestión y desacreditar al PP puede volver a quedar vacía como consecuencia del deterioro económico.

Pese a la pérdida del excedente en la Administración central, el Ejecutivo confía en que el conjunto de las administraciones públicas (con Seguridad Social, comunidades autónomas y ayuntamientos) sí alcance el superávit. Probablemente será más leve que el inicialmente previsto (1,2% del producto interior bruto) porque el Estado no aportará su parte (se estimaba en cuatro décimas). Además, es previsible que las comunidades y los ayuntamientos, para los que se preveía equilibrio, incurran en déficit. El único elemento que puede salvar las cuentas es la Seguridad Social, que sigue creciendo aunque con menos fuerza.

De momento, la Administración central aún conserva un saldo positivo de 8.907 millones de euros, equivalentes al 0,8% del PIB. Ese dato hasta abril supone recortar a más de la mitad el contabilizado hace un año, pero aún no ha tocado suelo. La cifra empeorará conforme avance el ejercicio y el Estado tenga que hacer frente a más pagos con menos ingresos. "Este dato no es un buen predictor del cierre del año", advirtió Ocaña en la presentación de las cuentas.

El elemento más preocupante radica en la evolución de los ingresos del Estado. Los impuestos que pagan ciudadanos y empresas han caído por primera vez en 15 años. El descenso es del 5,2% respecto a los primeros cuatro meses del año anterior, pero se puede aventurar un horizonte más brumoso si se observa lo ocurrido en abril. Sólo en ese mes, la recaudación se desplomó un 20,5% interanual. "Probablemente haya que remontarse a 1993 para encontrar una caída en los ingresos", explicó el responsable de Hacienda.

En aquel ejercicio, el Estado ingresó un 2,25% menos que el precedente, pero la economía estaba en recesión. Ahora la pérdida de ingresos se produce pese a que la economía aún crece el 2,7%, aunque amenaza con frenar más en seco.

El IVA es el principal responsable de la caída de los ingresos. Este impuesto, un buen termómetro de la salud de la economía, retrocede a tasas de dos dígitos, tanto si se toman los cuatro primeros meses del año (10,2%) como en abril (19,7%). Las pequeñas y medianas empresas son las primeras víctimas de la desaceleración económica, pues la menor recaudación de IVA obedece a este segmento, que conforma el 90% del tejido productivo en España. Dentro de las pequeñas empresas, las de la construcción registran los peores resultados, con caídas superiores al 16%. El declive del ladrillo parece haberse acentuado en las firmas con menor facturación, mientras las grandes aún registran un modesto crecimiento del 2% en sus pagos de IVA.

Además de la crisis de la construcción, el precio del petróleo también está lastrando la marcha de las empresas y, por tanto, las cantidades que aportan a las arcas públicas. El encarecimiento del crudo, argumenta Hacienda, incrementa los costes de las compañías y emborrona sus cuentas. Igualmente el petróleo, a 130 dólares el barril de brent, incide en lo que Hacienda recauda por el impuesto de hidrocarburos. Los precios prohibitivos de las gasolinas retraen al consumidor, por lo que este tributo ha caído un 3,1%.

Hay una señal todavía más alarmante de la marcha de las empresas, aunque el Ejecutivo insiste en que es pronto para sacar conclusiones. El impuesto de sociedades -el que abonan las compañías por sus beneficios- cae un 59,5% hasta abril tras haber crecido a tasas de dos dígitos en los años de bonanza económica.

El Gobierno lo explica por una cuestión de calendario. La complejidad de la normativa contable para empresas que ha entrado en vigor este año impulsó a Hacienda a ampliar hasta los primeros días de mayo el plazo para presentar el primer pago del impuesto de sociedades. Así, parte de los ingresos que el año pasado estaban listos en abril se han trasladado este año a mayo, lo que perjudica las cuentas de 2008. Ocaña estima que, sin esa novedad, las arcas contarían con unos 5.000 millones de euros más. Aun así, el dato es negativo, pues supondría el estancamiento del impuesto de sociedades -uno de los más dinámicos en estos últimos años- respecto a 2007.

Del alud de datos negativos se salva el impuesto más voluminoso. El IRPF ha crecido un 9,2%, lo que evidencia que el empleo aún no acusa, al menos de forma significativa, la crisis.