AGENDA DE PRENSA - 6 de octubre de 2008     EL MUNDO A FONDO El dinero negro, al rescate de los bancos CASIMIRO GARCIA-ABADILLO "Inaction is not an option". La frase ("La inacción no es una opción") fue pronunciada por el candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos John McCain en un mitin pronunciado en Des Moines (Iowa) el pasado 30 de septiembre. Dicen que el líder del Partido Demócrata en el Senado, Harry Reid, echó mano de ella el pasado miércoles para justificar su apoyo y el de su grupo al paquete de rescate financiero apadrinado por Bush que, por fin, obtuvo el visto bueno de los congresistas el viernes 3 de octubre. En España, más de uno debería aplicarse el cuento. Algún destacado miembro del Gobierno mira a su alrededor para ver si al pronunciarla ("ése debería ser el lema del presidente", afirman), alguien se da por aludido. Porque hay algo que está haciendo aún más daño al Ejecutivo que la propia crisis económica: la imagen de que no se está haciendo nada o casi nada para hacer frente a una situación que ha llevado a España a batir su récord histórico de aumento del número de parados en un año: 600.000 en los últimos 12 meses. Ya se ha visto que la deducción de los 400 euros y otras medidas adoptadas en la primavera no han servido para frenar el tsunami que se nos ha venido encima. Las medidas tienen que ser de calado e ir a la raíz del problema para que tengan un efecto perceptible por los ciudadanos. En estos momentos, el nudo gordiano de la crisis está en la falta de liquidez del sistema financiero. Es decir, en que los bancos no dan créditos a las empresas y familias que los necesitan, aunque los demandantes tengan más que suficientes garantías para devolverlos. No es que los bancos no quieran prestar. Es que no pueden. Ahí tenemos lo que está ocurriendo en las últimas semanas. Las entidades han entrado en una guerra a muerte por el pasivo para aliviar su falta de fondos. Unos regalan coches, otros dan intereses por encima del 6% por abrir una cuenta a plazo fijo. En fin, lo nunca visto. Ahora les voy a contar una idea que se está manejando entre algunos miembros del Gobierno y que está siendo torpedeada por los partidarios de la inacción. Es decir, por los que con tal de no equivocarse prefieren no hacer nada. El asunto. En estos momentos hay en España en circulación 108 millones de billetes de 500 euros, según los últimos datos del Banco de España. Es decir, nada menos que 54.207 millones de euros. O sea, el 5,4% del PIB. España es el país del mundo con mayor circulación de ese tipo de billetes, a los que popularmente se les llama Bin Laden, porque se sabe que existen pero nadie los ha visto. Poseemos el 26% de todos los billetes de 500 euros que circulan por Europa. Esa demanda de billetes grandes tiene una relación directa con la cantidad de operaciones opacas que se han hecho en España los últimos años. Muchas de esas compraventas con dinero negro de por medio se han producido en el sector inmobiliario. Pues bien, la idea consiste en ofrecer algún tipo de incentivo fiscal para que esos 108 millones de billetes salgan de debajo del ladrillo o de la caja fuerte y entren en cuentas bancarias. Aunque sólo el 50% de los billetes recalaran en las sucursales de los bancos, ese efecto acabaría con la penuria financiera, ya que los depósitos aumentarían en 22.000 millones de euros. La restricción crediticia se relajaría y las entidades volverían a dar préstamos a las empresas y a las familias que los demandasen. El sector inmobiliario se reanimaría y las pequeñas y medianas empresas podrían volver a financiar su capital circulante o incluso acometer alguna inversión ahora en suspenso. La idea, que a Zapatero no le parece del todo mal, choca con la oposición de la Secretaría de Estado de Hacienda (Ocaña) y con la renuencia del Banco de España (Miguel Angel Fernández Ordóñez). Dicen en la inspección de Hacienda que garantizar a los poseedores de esos billetes la vista gorda es hacer, en la práctica, una amnistía fiscal. Y no les falta razón. Lo que ocurre es que, a veces, lo práctico choca con lo correcto. ¿Qué hacer? ¿Sería acaso una medida antisocialista? No es, por desgracia, la primera vez que el PSOE en el gobierno recurre a amnistías fiscales. Volvamos la vista a la anterior gran crisis, la de principios de los 90. Entonces era ministro de Economía y Hacienda Carlos Solchaga. En el segundo semestre de 1991 se dio la oportunidad a los suscriptores de pagarés del Tesoro (opacos al Fisco) de regularizar su situación. A los poseedores de dichos títulos (que nacieron para financiar a bajo coste el déficit público en la etapa de Miguel Boyer) se les dieron dos opciones: hacer declaraciones complementarias sin sanción; o bien, canjearlos por la llamada Deuda Pública Especial, que tenía muy baja rentabilidad. Aquello tuvo un evidente coste fiscal y, sobre todo, de imagen, pero sirvió para aflorar cientos de miles de millones de pesetas. Ahora la situación sería menos gravosa para las arcas públicas, dado que ya no se tiene que pagar el impuesto sobre el patrimonio. El perdón fiscal a los poseedores de billetes de 500 euros que no hubiesen declarado ese patrimonio tendría, además de facilitar liquidez a los bancos, la ventaja de aflorar mucho dinero negro que, al blanquearse, entraría en el circuito fiscal y, por tanto, generaría en el futuro mayores ingresos para Hacienda. Hay que utilizar la imaginación de la forma menos perjudicial posible para el ciudadano. Todo menos recurrir a aquella ocurrencia, también de Solchaga, de subir el impuesto sobre la renta con carácter retroactivo (y es que el año 1992 dio para mucho). Naturalmente, si el Gobierno decide finalmente poner en práctica esa medida, debería hacerlo con el consenso del PP. Y, por tanto, debería estar inscrita en un paquete más amplio en el que tendrían que incorporarse otras medidas fiscales (reducción de impuestos a las pymes), o de apoyo a la compra de viviendas (mayores desgravaciones o alargamiento de las hipotecas) y de incentivos a la creación de empleo. Esta semana está prevista la reunión del vicepresidente Pedro Solbes con el portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro. Posteriormente, se producirá el encuentro entre el presidente y Mariano Rajoy. Curiosamente, esas reuniones se producen en paralelo con la discusión del Presupuesto para 2009 en el Congreso de los Diputados. Tanto el Gobierno como el PP tienen dos opciones: acudir a esas reuniones con la intención de llegar a acuerdos, o bien convertir la economía en campo de batalla político. Lo que ha ocurrido en EEUU es una muestra de que se puede llegar a acuerdos, incluso a unas semanas de las elecciones, cuando la situación lo requiere. Demócratas y republicanos, Obama y McCain, han puesto los intereses de los norteamericanos por encima de los intereses de sus partidos. ¿Es consciente Zapatero de que la situación requiere de un gran consenso nacional? No es la hora de promesas imposibles de cumplir, sino de pedir a los ciudadanos grandes sacrificios para los próximos meses e incluso años. Ese esfuerzo sólo se puede hacer con un gran respaldo político que solamente puede ofrecer ahora el PP. casimiro.g.abadillo@elmundo.es