AGENDA DE PRENSA - 6 de octubre de 2008     LA VANGUARDIA Aborto y políticas públicas Josep Miró i Ardèvol Lo que pretende el Gobierno de Rodríguez Zapatero con una nueva legislación sobre el aborto es conceder una ley de punto final al lobby de las empresas abortistas, provocando al tiempo una polémica que nos distraiga de la recesión económica. Para quienes como el doctor Morín están procesados, o pueden estarlo por delitos de aborto y asociación ilegal, la nueva ley puede ser una tabla de salvación. Pero este no sería un enfoque legítimo, moral y eficaz, por una razón: el aborto es un daño. Nadie defiende que sea un bien. Lo es para el que ha de nacer porque se le impide el máximo bien humano, la vida. Daño para la mujer, físico (por ejemplo, las autoridades sanitarias francesas han alertado a las mujeres que abortaron en las clínicas de Morín para que se hagan una prueba del virus del sida), y especialmente para su salud psíquica. Daño también para la sociedad; en su concepción moral sobre la vida, evidentemente, pero además económico y social. Cada aborto significa una pérdida de 440.000 euros en euros contantes del 2002. Esta cifra corresponde a lo que habría aportado de media el ser humano abortado durante su vida activa. Lo perdemos en términos de riqueza del país, de ingresos del Estado y de la Seguridad Social. La falta de control de las clínicas - las de Morín estuvieron una década sin una sola inspección de la Generalitat- ha creado una economía desregulada de empresas abortistas que facilita el fraude masivo de ley y aumenta el riesgo para la mujer. Una nueva legislación debe poner fin, asimismo, al absurdo de que las ayudas públicas estén dirigidas a abortar, y a diferencia de Europa, no exista nada que incentive a la madre a tener el hijo. Y sobre todo, dado que el aborto es un daño, lo primero que debe plantear una nueva legislación es cómo reducirlo, limitarlo y desincentivarlo. Este es el fin de toda política ante los fenómenos sociales dañinos: la aplicación de leyes restrictivas, como con el tabaco y los accidentes de tráfico. Una ley permisiva trivializa el daño, la restricción señala su gravedad y trascendencia. También se aplican campañas informativas dirigidas a mostrar el mal y sus consecuencias. Esta es la metodología de las políticas públicas por extendido que esté el fenómeno. ¿Por qué el aborto debería ser una excepción? josepmiro@ e-cristians. net